El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado esta semana un proyecto normativo que prohibirá el uso de cualquier sistema de Inteligencia Artificial en los centros educativos de la comunidad para alumnos menores de 14 años. La medida, enmarcada en un paquete de 60 acciones destinadas al «bienestar digital» de los menores de 16 años, revierte las directrices de integración tecnológica publicadas por la misma administración a principios de año y alinea a las instituciones catalanas con una creciente ola restrictiva internacional desencadenada por los efectos adversos en el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
De la integración proactiva al bloqueo institucional
La relación entre los reguladores educativos y los grandes modelos de lenguaje se ha caracterizado por la inestabilidad normativa desde el lanzamiento de ChatGPT. El sistema escolar de Nueva York bloqueó el acceso a la plataforma en enero de 2023, para levantar la restricción cinco meses después bajo la justificación de que había sido un acto reflejo de temor. En el caso catalán, la Generalitat publicó a inicios de 2024 un documento oficial para incorporar estos algoritmos en las aulas argumentando, en palabras de la entonces consellera Anna Simó, la obligación administrativa de mantener una posición proactiva.
El nuevo marco operativo desactiva esa vía. La prohibición de los chatbots formará parte de una reestructuración metodológica que incluye el veto a los teléfonos móviles, la restricción de las redes sociales hasta los 15 años, la retirada progresiva de pantallas en la etapa de educación infantil, la obligatoriedad de leer a los clásicos y el retorno físico a los libros de texto impresos.
La ola regulatoria internacional se adelanta a la ciencia
La agenda de la política educativa ha trasladado su objetivo de los smartphones, cuyo debate no se generalizó hasta 2018, hacia el software de automatización. Múltiples administraciones están ejecutando intervenciones directas. El Ejecutivo de Noruega emitió en junio una directiva recomendando excluir la IA del sistema educativo entre los 6 y los 13 años. De forma paralela, la legislación italiana requerirá desde octubre de 2025 el consentimiento explícito de los tutores legales para que los menores de 14 años interactúen con algoritmos generativos.
Los mandatarios justifican estas decisiones apuntando a la erosión del esfuerzo intelectual. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, defendió el veto de su país señalando que los sistemas generativos permiten a los menores saltarse etapas cognitivas esenciales para la consolidación del conocimiento. En Estados Unidos, el asambleísta neoyorquino Zohran Mamdani abandera campañas legislativas bajo el argumento de que la retención de conceptos exige interacción humana directa y no procesamiento mecanizado.
El coste empírico de delegar el esfuerzo intelectual
La investigación científica ya proporciona métricas aisladas sobre los efectos de esta delegación cognitiva en las aulas. El estudio metodológico más sólido hasta la fecha, desarrollado por el investigador Bastani junto a su equipo sobre una muestra controlada de 1.000 estudiantes de bachillerato en Turquía, cuantificó ambas caras del impacto tecnológico. Proporcionar a los alumnos acceso ilimitado al modelo GPT-4 incrementó su productividad un 48% durante la resolución de ejercicios prácticos inmediatos, pero generó una caída directa del 17% en las calificaciones de los exámenes estandarizados posteriores realizados sin asistencia algorítmica.
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