El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido este 13 de septiembre de 2026 una resolución que obliga al Ministerio de Defensa a entregar cualquier registro oficial sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI) en territorio nacional y a confirmar si mantiene investigaciones activas sobre estos fenómenos. La medida responde a la estimación de la reclamación formal de un ciudadano amparado por la ley de transparencia, quien exigió conocer mediante los cauces oficiales si el Ejecutivo planea ejecutar nuevas desclasificaciones de expedientes anómalos.
El pulso administrativo por la información aeroespacial
La resolución del CTBG exige al Ministerio una respuesta nítida sobre la custodia de material sensible relacionado con Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por la terminología técnica estandarizada). El dictamen del organismo independiente falla a favor del solicitante al determinar que el silencio o la evasiva institucional frente a las preguntas planteadas contravienen los derechos de acceso a la información pública. La reclamación central exige datos concretos sobre el registro de avistamientos recientes y el grado de implicación actual del Ejército del Aire y del Espacio en su análisis pericial y técnico.
La agenda de inteligencia en el punto de mira
El requerimiento admitido a trámite no se limita a incidentes pasados o genéricos. El texto solicita al Gobierno que aclare su hoja de ruta respecto a posibles aperturas de archivos clasificados. Esta petición fuerza a las Fuerzas Armadas a posicionarse mediante un escrito oficial sobre si resguardan informes de incursiones anómalas en el espacio aéreo español ocurridas durante las dos últimas décadas. El mandato exige a Defensa la verificación inmediata de la existencia de este tipo de documentación en sus bases de datos operativas y la entrega de la misma al reclamante, siempre que la ley de s-ecretos oficiales no ampare específicamente su reserva.
Plazos legales y antecedentes militares
Tras el dictamen del CTBG, Defensa dispone de un plazo temporal estipulado por la jurisdicción contencioso-administrativa para acatar la resolución y entregar los documentos o, por el contrario, interponer un recurso ante los tribunales alegando que su divulgación compromete la seguridad nacional. El Ministerio de Defensa español llevó a cabo su último gran proceso de apertura documental sobre esta materia entre los años 1992 y 1999, liberando un total de 80 expedientes desclasificados —que sumaban 1.900 páginas en total— con informes militares de avistamientos registrados desde el año 1962.
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